Olimerca.- El Gobierno italiano ha dado un paso firme para proteger la calidad y la autenticidad de sus productos agroalimentarios, entre ellos, el aceite de oliva, con un nuevo proyecto de ley que endurece las normas contra el fraude y mejora la trazabilidad en toda la cadena. 

Impulsada por el ministro de Agricultura, Soberanía Alimentaria y Bosques, Francesco Lollobrigida, junto a su homólogo de Justicia, Carlo Nordio, esta nueva legislación busca dejar bien claro que habrá tolerancia cero para quienes juegan sucio y se aprovechan del prestigio de los productos italianos, según un comunicado que recoge el Masaf en su página web.  

Para ello, por un lado, establece disposiciones para la reordenación de la categoría de las infracciones en el sector alimentario, con cambios que afectan a la especificidad de las conductas sancionadas, así como el endurecimiento del régimen sancionador correspondiente; por otro, interviene sobre la normativa vigente en materia de trazabilidad de los productos y sobre el sistema de controles en el sector alimentario, a fin de salvaguardar la confianza de los consumidores en el acceso a alimentos de alta e indiscutible calidad y tipicidad y garantizar la transparencia y la competencia en el mercado agroalimentario. 

Sanciones más duras y adaptadas al tamaño de cada empresa 

Una de las grandes novedades que incorpora se centra en que las multas ya no serán iguales para todos. A partir de ahora se tendrá en cuenta el volumen de negocio de la empresa infractora, evitando que un pequeño productor reciba la misma sanción que una multinacional.  

Además, los inspectores podrán aplicar el “bloqueo temporal” a productos que presenten anomalías administrativas, permitiendo su subsanación en un plazo breve, sin castigar injustamente a quien comete errores de forma, pero no de fondo. 

Nuevos delitos penales para combatir el fraude en toda la cadena 

El proyecto de ley también introduce delitos penales inéditos para perseguir comportamientos fraudulentos a lo largo de toda la cadena alimentaria:  

  1. Fraude alimentario: castigará cualquier acción que engañe al consumidor sobre el origen, calidad o cantidad de un producto alimenticio. 

  1. Comercio con signos engañosos: se perseguirá el uso de etiquetas, envases o presentaciones que puedan confundir sobre la autenticidad de un alimento. 

  1. Agropiratería: se perseguirá de forma especial a quienes cometan fraudes de forma organizada y reiterada, afectando gravemente a la confianza del mercado. 

La normativa establece medidas más estrictas para proteger y salvaguardar las DOP y las IGP, con sanciones específicas contra la falsificación y el uso indebido de marcas. En particular, se introducen nuevas disposiciones para garantizar que los productos con DOP e IGP se producen realmente de conformidad con la normativa nacional y europea. 

También se introduce una medida solidaria, y es que los productos alimentarios confiscados y perecederos podrán destinarse a fines benéficos, en lugar de ser destruidos. 

Una nueva sala de control para coordinar las inspecciones 

Por último, el Masaf pondrá en marcha una Sala de control específica destinada a realizar los controles administrativos del sector agroalimentario. Esta unidad será clave para centralizar la información, mejorar la coordinación entre organismos y actuar de forma más ágil ante cualquier irregularidad. 

Para los que trabajan bien, esta ley es una buena noticia, ya que refuerza la confianza del consumidor en el producto, protege a los que cumplen con la legislación y mejora la imagen del sector agroalimentario en su conjunto. Quienes, por contra, intenten esquivar la ley lo tendrán cada vez más difícil. 

Sin duda, esta iniciativa pone sobre la mesa la importancia de cuidar la reputación del producto y la competencia leal, algo que también toca muy de cerca a otros países con una fuerte identidad oleícola, como España.