Cinta transportadora

Olimerca.- Las nuevas modificaciones a la ley de la cadena alimentaria están levantando ampollas en el sector de las almazaras industriales; y en el día de hoy se ha puesto de manifiesto que no se vislumbran soluciones que satisfagan los intereses de los casi 250.000 agricultores que hoy por hoy entregan sus aceitunas a las almazaras industriales.

Coincidiendo con la jornada de presentación de la nueva ley en Jaén, en un acto en el que estaba presente el Director General de Industrias Agrarias del Ministerio, José Miguel Herrero, y la directora de la Agencia de Información y Control Alimentarios, Gema Hernández, el presidente de Infaoliva Jaén, Manuel Alfonso Torres, aprovechó el acto para plantear cuestiones como:

• Cómo es posible que la ley de la cadena obligue a las almazaras industriales, en contra de la voluntad del agricultor, a vender y liquidar su aceituna a los 30 días de la recogida, o en el caso del aceite a los 60 días.

Esta práctica va en contra del libre mercado, ya que los agricultores, siempre los más afectados, no podrán vender y liquidar sus cosechas cuando quieran, según sus criterios y necesidades, sino que el estado, mediante ley les obliga a cobrar en las fechas que fija la administración.

• Así mismo y a la intervención de la Directora General de la AICA, a que todas las sanciones impuestas, serán publicadas en la página de la AICA, el presidente ha preguntado por la Ley de protección de datos, la cual desde esta organización creemos que se vulnera totalmente.

• También se ha preguntado, por la fijación de los costos de los agricultores, como comienzo de la cadena de valor, ¿quién fija esos costos y como se controlan? Como consecuencia de esta ley los agricultores de las zonas menos productivas, son los de mayores costos en recogida, al tener menos rendimiento sus parcelas, lo cual implicaría que cualquiera de los eslabones de la cadena, compraría aceite antes a los olivares más productivos, ante s que a los menos, una vez más se legisladas espaldas a los más débiles de la cadena, los agricultores con más dificultades. Con lo que el mayor perjudicado será el consumidor porque todos los eslabones tienen que ir (por ley) repercutiendo sus costos hasta el final.

Ante estos hechos, Infaoliva quiere informar a la opinión pública:

1. Una vez más la legislación va en contra del olivarero con mayores costos, y que serán los más perjudicados.

2. Que la obligatoriedad por parte del agricultor de vender a los 30/60 días rompe totalmente la estabilidad del mercado, y lo regulara siempre a la baja ya que este aceite saldrá distorsionando el mercado en los primeros meses de campaña.

3. Que por parte de la administración nos parece, y así se ha constatado, un mero parche que no solo no beneficia a nadie, sino que lo perjudica.

Cabe recordar que las almazaras industriales en España, representan el 40% del colectivo y el 35% del aceite que se produce en España.

Este decreto puede afectar a un colectivo del entorno de 250.000 olivareros, que por regla general son unos de los más vulnerables dentro del colectivo total. Infaoliva seguirá apoyando a sus agricultores y recurrirá cualquier sanción que se imponga, de forma que no se vulnere la libertad del agricultor.